México: otro atroz crimen de estado contra cinco jóvenes universitarios y Policías federales atacan autobús de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos
Presunta muerte y quema de 5 jóvenes en Veracruz revive la tragedia de Iguala
El demoledor relato de uno de los policías implicados en la desaparición
de cinco jóvenes en el estado mexicano de Veracruz, según el cual fueron quemados, triturados y tirados a un río, ahondó la herida abierta por el caso Iguala debido a la similitud entre ambos sucesos.
Los jóvenes "fueron quemados, posteriormente fueron molidos, seguramente en un molino de caña, y fueron tirados a un pequeño río",
dijo hoy a Televisa el subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, citando a Rubén Pérez, el
octavo policía detenido por este suceso.
A diferencia de los estudiantes de la escuela para maestros de
Ayotzinapa, no son 43 ni han llenado
las primeras planas en los medios, pero su historia pone de manifiesto la impunidad que impera en México, que acumula más de 27.000 desaparecidos en la última década.
las primeras planas en los medios, pero su historia pone de manifiesto la impunidad que impera en México, que acumula más de 27.000 desaparecidos en la última década.
José Benítez, Mario Arturo Orozco, Alfredo González y Bernardo Benítez,
de entre 24 y 27 años, y Susana Tapia, de 16, regresaban el 11 de enero
de unas vacaciones en el puerto de Veracruz cuando fueron detenidos por
policiales estatales en el municipio de Tierra Blanca, a dos horas de su
natal Playa Vicente, en el interior del estado.
El arresto tuvo lugar en una gasolinera, fue captado por cámaras de
vídeo ubicadas en esa zona y no tuvo un motivo aparente. Fueron
detenidos "simplemente porque (a los agentes) les parecieron
sospechosos", señaló Campa.
Según el relato de Pérez, quien presenció lo ocurrido a los jóvenes tras
su detención, las cinco víctimas fueron trasladadas a distintos puntos e
interrogadas.
Su última parada fue en el rancho El Limón, en el municipio de
Tlalixcoyan, donde "los privan de la vida" y da "inicio el proceso de
desaparición de los cuerpos", explicó el subsecretario.
El fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, detalló a una emisora de radio
que Pérez admitió su participación en los hechos luego de que la
geolocalización de su teléfono móvil revelara que su coartada fallaba.
En El Limón los policías entregaron las víctimas a seis sujetos -continuó el fiscal- y Pérez presenció su "ejecución".
En este lugar, las autoridades encontraron manchas hemáticas y restos
óseos calcinados. Con estos se identificó a uno de los jóvenes, Bernardo
Benítez, mientras que, a partir del hallazgo de un pedazo de tela de la
camiseta y una costra se reconoció a Alfredo González.
No obstante, los familiares de las víctimas desconfiaron de estas
pruebas genéticas y encomendaron días más tarde al prestigioso Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizar los restos hallados,
que aceptó la tarea.
El EAAF se ha convertido, junto a otros actores internacionales como el
grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), en la piedra del zapato del Gobierno y su versión de lo ocurrido
en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
En enero de 2015 el entonces fiscal Jesús Murillo presentó la "verdad
histórica" del caso, según la cual los 43 estudiantes fueron entregados
por policías corruptos de Iguala al cártel Guerreros Unidos, quienes los
asesinaron y quemaron el municipio aledaño de Cocula.
Los paralelismos con el caso de Tierra Blanca se vuelven más evidentes
cuando el último policía arrestado afirma que los restos de los cinco
jóvenes fueron tirados a un río, cuando en el caso Iguala se encontraron
bolsas con restos calcinados cerca del río San Juan a partir de las
cuales se identificó a una de las víctimas.
Pero inconsistencias en la investigación han hecho desconfiar tanto al
EAAF como a la CIDH sobre la procedencia de dichas bolsas, y ambos
organismos niegan la posibilidad de un incendio en la zona en septiembre
de 2014.
El Gobierno anunció el domingo el inicio de un nuevo peritaje en Cocula,
esta vez por parte de expertos internacionales con reconocida
trayectoria en la materia, a fin de pasar de la "verdad histórica" a la
"verdad jurídica", dijo hoy una fuente gubernamental.
Por el caso de Tierra Blanca hay ocho policías detenidos, entre ellos el
delegado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en Tierra
Blanca, Marcos Conde Hernández, además de Francisco Navarrete Serna,
presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio.
Según medios locales, Conde podría estar relacionado con la desaparición
de más personas en varios puntos del estado, lo que revelaría, como en
Iguala, la connivencia de cuerpos policiales y el crimen organizado.
El fiscal de Veracruz dijo hoy que ya se conoce el móvil de los hechos
de Tierra Blanca, pero no quiso revelarlo para no entorpecer la
investigación.
No obstante, el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, recordó
que el testimonio del policía "no es definitivo" y remarcó que la
búsqueda continúa.
La respuesta de Galindo no sorprende, pues entre las desapariciones de
Iguala y Tierra Blanca pasaron más de quince meses de duras críticas al
Gobierno por su gestión del caso de los 43.
La desconfianza de los familiares de las víctimas ante las declaraciones
oficiales quedó reflejada hoy en las palabras de Bernardo Benítez,
padre de una de las personas desaparecidos de Tierra Blanca y tío de
otra, quien dijo a Efe que los padres aceptarán que las víctimas están
muertas "el día que haya pruebas".
México:
Un autobús en el viajaban las madres y padres de los 43 normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, desde el 26 de septiembre
de 2014, fue agredido durante la madrugada por policías federales
adscritos a la caseta San Martín en Texmeluca, Puebla.
De acuerdo con testimonios de los mismos padres de los estudiantes de la
Normal Raúl Isidro Burgos, los elementos policiales rompieron un vidrio
de un autobús en el que viajaba Joaquína Patolzin, madre del estudiante
desaparecido, Julio César López Patolzin.
Los testimonios también aseguran que la mujer no resultó herida y que
cuando los jóvenes que acompañaban a los padres bajaron del autobús para
percatarse de lo ocurrido, un grupo de militares que se encontraban en
el lugar les apuntaron con sus armas largas.
Los padres de los 43 normalistas que viajaban en el autobús atacado
tomaron la determinación de tomar la caseta y recolectaron dinero para
continuar con su gira informativa que han realizado alrededor del país,
la “Caravana por la Verdad y la Justicia”, que en esta ocasión tenía
como destino a la Normal Rural de Panotla.
Nessun commento:
Posta un commento