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Colombia - Yumbo se Mantiene en Pie: ¡La Rebelión se Justifica!
A lo largo de los primeros 21 días del Paro General que sacude al país, el Estado ha ido escalando su estrategia de guerra, para tratar de contener la rebeldía popular. La primera semana el epicentro fue Cali con los primeros asesinatos a manos del Esmad y la policía. Luego, con el empuje de la juventud y el aumento de las movilizaciones y los bloqueos en el resto del país, el terrorismo de Estado se ha ido desplazando también a Buga, Jamundí, Pereira, Bogotá… ahora el régimen mafioso de Duque se ha ensañado con los luchadores en Yumbo.
La brutalidad con la que el régimen narcoparamilitar de Duque-Uribe ha atacado a los jóvenes, buscando en vano levantar los bloqueos, se debe al gran impacto que estos han tenido al garantizar el paro de la producción. Según la revistaForbes, de acuerdo con el informe de la Cámara de Comercio de Cali, del 10 de mayo del 2021, el 41,3 % de las empresas no estaban operando y de las restantes el 47,2 % reportaba operando con solo el 39,9 % de la capacidad instalada. Sus cálculos estiman pérdidas por $1,2 billones por semana.
Las consecuencias económicas del Paro General Indefinido impulsan a los parásitos capitalistas a presionar al títere Duque para que ataque con todo el terror militar a la juventud, que mantiene los bloqueos en las principales vías del país. Las decenas de barricadas dispuestas en las principales carreteras ha represado mucha de la mercancía que llega o intenta salir por el puerto de Buenaventura.
La burguesía parásita está asustada, «La capacidad de almacenamiento en los puertos cada día se agota más», dice la presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura; al parecer tienen capacidad de almacenamiento para una semana más y en los terminales de graneles ya no tienen dónde guardar producto. De allí la urgencia y la sevicia con la que se ataca al pueblo luchador del Valle del Cauca. El Estado de los explotadores necesita devolver a los ricos la tranquilidad para que sigan explotando y ganando dinero al ritmo que están acostumbrados.
La creciente rebeldía popular, a pesar de no contar con la participación organizada del proletariado industrial, ha logrado hacer temblar a los ricos y su fuerza es tan elevada que no ha podido ser eliminada pese a la sanguinaria represión.
El paro, según el diario Portafolio, solo para la burguesía del Valle del Cauca ha significado pérdidas por $2 billones; de la misma manera, según el mismo medio, el Gobierno estima una pérdida de $6,2 billones en todo el país. Esas cifras son las que realmente les duele, aunque hipócritamente vociferen sobre la pésima situación de los campesinos, los niños, los pequeños comerciantes… de los que solo se acuerdan ahora para tratar de engañar incautos apelando a ellos, pero de los que se olvidaron en el tiempo del Agro Ingreso Seguro, de las ayudas durante el primer año de la pandemia, o a la hora de imponer sus antipopulares reformas.
Esas cifras económicas y no los 51 asesinatos, los 18 casos de abuso sexual, los más de 548 desaparecidos, reportados por la ONG Temblores… son las que le duelen al criminal Estado colombiano, de allí que la represión haya sido tan fuerte, no solo arremetiendo los puntos de bloqueo sino actuando como si fuera un ejército de ocupación contra niños, mujeres, ancianos en sus casas, atacando con balas y cápsulas de gas. Este Paro General Indefinido ha revelado claramente que el Estado burgués solo sirve para garantizar ganancias a los holgazanes capitalistas y prodigar miseria y guerra contra el pueblo laborioso.
Pero, pese a la represión Yumbo sigue en pie, y no podía ser de otra forma pues donde hay opresión hay rebelión y el pueblo de Yumbo se cansó de tanta barbarie, pues según las cifras del Informe de calidad de vida 2020, Yumbo cómo vamos el 61,3 % de la población del municipio no alcanza siquiera los niveles de ingresos mínimos para los alimentos básicos, 5179 de los hogares están en situación de pobreza crónica y 11.900 personas no tienen cobertura de salud.
Y ahora, cuando el pueblo con justeza se levanta, el Estado quiere suprimir su lucha mediante el terror y el asesinato, pero el pueblo y los luchadores de primera línea en vez de doblegarse mantienen su firmeza y su furia crece contra todo este sistema de opresión y represión, pues mientras el pueblo de Yumbo exige sus derechos básicos: al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a un medioambiente adecuado y saludable, a la vida, a un nivel de vida adecuado… lo que ha hecho el régimen narcoparamilitar es responder con bala. Nuevamente la realidad y las masas con su lucha nos dejan claro que: ¡La rebelión se justifica
Cronica de la rebelion popular en Colombia
El Comunero - prensa popular
El Paro no para. Tercera semana de rebelión popular en las calles. Parte I
Han pasado 16 días desde el comienzo del Paro Nacional el 28 de abril, y las masas populares colombianas continúan en las calles, generando diversos espacios de lucha social como multitudinarias marchas, asambleas populares, tomas culturales, bloqueos a vías nacionales, entre otros. El 2 de mayo el pueblo vislumbró su primera victoria parcial, el retiro de la reforma tributaria (para construir otra nueva); al día siguiente, nueva victoria parcial: Alberto Carrasquilla, el autor de este texto, renunció a su cargo como ministro de hacienda.
Para todo el mundo ha quedado claro que las razones que dieron lugar a esta rebelión popular en el país van más allá de la reforma tributaria, la cual solo era una gota más en medio de todo el mar de miseria en que se ahoga el pueblo. Es por esto que, después de la retirada de la reforma, la gente trabajadora, jóvenes de barrios populares, estudiantes, y otros sectores se han mantenido en las calles con energía y combatividad manifestando su rechazo al viejo Estado opresor, que es el responsable del histórico sufrimiento del pueblo.
Las reivindicaciones, el pueblo, el oportunismo
En este momento no hay unidad o claridad total al respecto de un cuerpo de objetivos reivindicativos comunes de los que dependa el paro. De distintas maneras se han ido formulando los deseos del pueblo luchador, a través de fórmulas diversas construidas localmente por los activistas reunidos en sus territorios. En varias ciudades del país, la gente ha estado conformando asambleas populares, donde se ponen sobre la mesa sus necesidades y posturas, yendo desde lo más particular hacia lo más colectivo.
En medio de la gran lista de demandas, resalta la de la derogación del proyecto de ley 010, un proyecto que fue presentado al congreso por el gobierno, y que ha sido socializado por sindicatos de médicos al público para que se conozcan sus peligros. Este proyecto de ley es favorable a los monopolios financieros más poderosos que controlan el negocio de la salud en Colombia, buscando reducir el número de aseguradoras que operan en el sector. Además, abre las puertas a que los trabajadores tengan que pagar pólizas de seguros por enfermedades hoy cubiertas por el plan obligatorio de salud, para que las EPS (aseguradoras) tengan otro frente de acumulación. También, estipula sanciones económicas a los pacientes que no sigan las medidas de “autocuidado”, quedando bajo criterio de la EPS la determinación de si un paciente está o no siguiendo las medidas para sancionarlo.
Entendiendo estas razones, en muchos lugares del país la derogación de este proyecto resuena como otro gran objetivo común de la protesta social actual, y es muy probable que pronto se anuncie su retiro. Otras medidas que se han planteado, sobre todo por los sindicatos obreros, como necesarias de derogar, son los proyectos y anuncios de reforma laboral y pensional.
En Cali, que es para muchos el epicentro de este Paro Nacional, las barriadas históricamente marginalizadas y sus Primeras Líneas ya están elaborando pliegos de petición. Allí se contienen varios puntos relacionados con deseos y necesidades que plantean las masas, como programas sociales para jóvenes; construcción de una biblioteca y museo en el barrio Puerto Resistencia, en el lugar donde opera actualmente un CAI; trabajo para los jóvenes; ampliación de cobertura de oferta educacional para jóvenes, entre otras[1].
Allí también aparecen exigencias que han surgido como necesidad por las mismas circunstancias en las que se ha dado el paro, por ejemplo, esclarecer los responsables directos los asesinatos policiales a los jóvenes colombianos y la no judicialización de los activistas. En este mismo sentido, en Medellín, varios jóvenes activistas impulsaron la exigencia del castigo a los asesinos y violadores del pueblo como una bandera de lucha.
Los trabajadores del sector transporte, camioneros y transportadores de carga y pasajeros, han participado activamente el paro con bloqueos en las principales vías del país. Por lo mismo, han sido objeto de una gran campaña de deslegitimación operada a través de los medios de comunicación monopólicos donde el mismo gobierno que quiso imponer una reforma tributaria contra los pobres en medio de una pandemia y una crisis económica, se “preocupa” por el desabastecimiento de las ciudades. La fiscalía buscó intimidar a los trabajadores anunciando que aplicaría extinción de dominio sobre los camiones que estén bloqueando las vías[2].
Esta campaña mediática y la represión demuestran que los bloqueos le han dado a los ricos donde les duele, en los bolsillos, como lo sugería hace poco un líder de este sector por medio de una denuncia de la estigmatización de los bloqueos: “el Estado lo que quiere es que le abramos los corredores de las vías del departamento para que las grandes plataformas comerciales como D1, como Justo y Bueno y como Olímpica, que son de los grandes ricos senadores de la república y de los grandes políticos de Colombia que nos siguen manipulando”[3].
Las reivindicaciones trazadas por este sector para buscar una negociación con el gobierno, se centran en el costo de los peajes, el de la gasolina y el de la seguridad de los trabajadores por las carreteras. Una exigencia específica de los transportadores de pasajeros es que se llegue a un acuerdo en torno a los precios de los pasajes. El fondo de esto es que, para los trabajadores, el tiempo que trabajan transportando a la gente se hace muy largo dado el estado de las vías y esto no se ve representado en el salario que tienen[4].
Los campesinos y trabajadores del campo también han participado de grandes marchas en los pueblos. En Anorí, Antioquia, el paro comenzó desde el 25 de abril, y terminó nueve días después, cuando los líderes se sentaron a negociar con la gobernación en torno a tres puntos: formalización y permisos para los mineros artesanales, suspensión de la erradicación forzada, revisión de la aspersión con glifosato en la zona, y cumplimiento con el programa de la sustitución voluntaria de cultivos de coca[5].
Otros sectores populares como taxistas, colectivos ambientalistas, entre otros, también han participado de movilizaciones amplias al tiempo que convocan sus jornadas propias de manifestación, donde plantean unas demandas gremiales.
Mientras el pueblo busca construir sus procesos de organización desde la base, los sectores oportunistas de la política reclaman autoridad sobre esta gran movilización social. El Comité de Paro avanza negociaciones con el gobierno, tratando, en primera instancia, de forzar en éste una declaración que rechace la “brutalidad policial”, intento que no ha sido exitoso.
Además, desde este Comité se hacen al gobierno las siguientes peticiones: retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación; renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual; defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria; matrícula cero y no a la alternancia educativa; no discriminación de género, diversidad sexual y étnica; no privatizaciones y derogatoria del decreto 1174; detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato[6].
Por otro lado, el “pacto histórico” (liderado por Petro) rechaza el esfuerzo del Comité de Paro por controlar y “representar” a las masas, presentándose como una mejor “alternativa” supuestamente más conectada con las bases. Así, buscan que las reivindicaciones del paro sean la reforma a la policía, una renta básica, el cese de la militarización, entre otras[7]. El fondo de esto es la intención de convertir a toda esta masa descontenta en una base electoral para el próximo año.
Como parte de la disputa de estos dos sectores del oportunismo por la dirección y representación de las masas, un periodista miembro del partido político Dignidad, el cual tiene hegemonía dentro del Comité de Paro, difundió un audio de una reunión secreta en la que se escucha la voz de Petro afirmando que el paro se debió bajar después de que el gobierno retiró la reforma tributaria. Si desde Dignidad se difundió el audio fue solo porque éstos quieren minar el apoyo que el “pacto histórico” gana entre las bases, pero, de cualquier forma, esto desenmascaró para muchas bases las intenciones que tienen Petro y sus secuaces de contener la rebelión popular e imponer los ritmos de la movilización popular en el país para ponerla al servicio de su candidatura presidencial.
[1]https://www.youtube.com/watch?v=rPlltxP0Vqk&t=2s
[2]https://www.lafm.com.co/judicial/fiscalia-aplicara-extincion-de-dominio-vehiculos-que-obstruyan-las-vias-publicas
[3]https://www.youtube.com/watch?v=7HYYOOB1yjM
[4]https://www.elcarrocolombiano.com/notas-de-interes/paro-camionero-que-esta-exigiendo-el-sector-transportador-al-gobierno/
[5]https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/05/tras-una-semana-de-paro-campesinos-de-anori-antioquia-lograron-acuerdos-con-el-gobierno/
[6]https://colombia.as.com/colombia/2021/05/14/actualidad/1620956953_140036.html
Represión y resistencia
El gobierno ha establecido un ejercicio retórico de “dialogo nacional” donde convoca a varios sectores sociales por medio de “representantes”, y también sectores del mismo Estado, como partidos y líderes politiqueros, expresidentes, las cortes, etc., para supuestamente llegar a acuerdos. Pero, los hechos demuestran que el Estado colombiano aborda esta gran mareada de lucha social de las masas fundamentalmente desde el punto de vista militar.
A finales de la semana pasada, desde el partido de gobierno se impulsó al presidente a decretar conmoción interior, o sea, un estado de sitio, por el cual se faculta al ejecutivo para restringir la circulación de personas, prohibir manifestaciones o reuniones, controlar la información en medios de comunicación, entre otras medidas. Esto no haría más que formalizar la dictadura que ya se ejerce sobre el pueblo y darle un respaldo de legalidad.
Por ahora, Duque afirmó al respecto de esto que la ley tiene varias herramientas siendo una de ellas la conmoción interior, pero que por el momento otras están siendo usadas, sugiriendo también que la represión llevada a cabo hasta ahora se ha operado con las “herramientas ordinarias que da la ley”.
A su vez, las cortes rechazaron la medida por razones de legitimidad y pragmatismo: plantearon que la conmoción interior “podría ser vista como autoritaria” y “exacerbar las marchas”[8]. Y, similarmente, Uribe observó que semejante declaración “daría argumentos en contra del talante del gobierno de nuestro partido” y, al tiempo, reafirmó la necesidad de fortalecer el pie de fuerza militar contra las protestas: “lo que sí estoy de acuerdo es fortalecer las Fuerzas Armadas, en defender a nuestra Policía. A ellos los asesinan, los queman con ácido, los humillan y enseguida los presentan ante la comunidad internacional como violadores de derechos humanos. Eso no se puede permitir”[9].
Con o sin conmoción interior, para todo el pueblo está claro que el Estado ha enfrentado el paro desde el punto de vista belicista, y no solo porque la policía usa armas de fuego para reprimir y asesinar a los jóvenes, sino que también ha llamado a militarizar las ciudades, y además ha instigado a los civiles más reaccionarios a hacerlo por su propia cuenta[10].
Además, esto se puede confirmar desde el punto de vista ideológico. En un trino del 3 de mayo, Uribe mostró cómo la reacción está usando esquemas ideológicos para hacerse un cuadro de la situación, postulando que las protestas actuales hacen parte de una “revolución molecular disipada”.
Este concepto fue introducido a los militares colombianos a través de Alex López, un “intelectual” pinochetista y neonazi que dio unas conferencias en la universidad militar de nueva granada. Según el señor, esta revolución molecular consistiría en una estrategia posmoderna de la izquierda para tomarse el poder, y que tendría varias fases: una de suspensión de la normalidad en la vida cotidiana de las ciudades; otra de escalamiento del inconformismo social y las acciones combativas de las masas; un tercer momento de copamiento, donde el sistema estatal de reacción llegando a su límite, no puede responder a la revolución, y su reclamo de autoridad por medio de la violencia es desacatado; y una última fase de saturación, donde ya el sistema deja de funcionar[11].
Esta forma paranoide de enfocar las grandes jornadas de protesta social y popular que están teniendo lugar en Colombia, refleja la conciencia de los reaccionarios de que el sistema de explotación y opresión se les sale de las manos y se resquebraja cada vez más. Por esta conciencia, emerge esta actitud defensiva que también fue notoria en las palabras de Piñera al respecto de la rebelión de los chilenos, al afirmar, “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable”.
Por lo demás, antes de que comenzara la rebelión ya había una prevención frente a lo que se venía. Por eso, mientras escribían la reforma tributaria y decían que el país se estaba quedando sin caja, el gobierno también financió y fortaleció más su pie de fuerza: 14.100 millones de pesos fueron invertidos en la compra de más municiones para el ESMAD entre marzo y abril. Además, otros 14 billones iban a ser gastados en aviones de guerra.
En la práctica, esta perspectiva militar se ha traducido en un doloroso y brutal baño de sangre en el que han caído principalmente jóvenes populares. Desde el 28 de abril al 12 de mayo, según INDEPAZ, el reporte es de al menos 42 víctimas de asesinato por parte de las fuerzas de la reacción, la mayoría de los victimarios han sido policías y otros han sido actores civiles que atacan con arma de fuego a los manifestantes. Además, según la ONG Temblores[12], se han presentado 1055 detenciones y 30 víctimas de agresiones oculares. A continuación, el reporte con la información disponible de los asesinados, referido por INDEPAZ[13]:
| Nombre | Edad | Fecha fallecimiento | Ciudad fallecimiento | |
| 1 | Marcelo Agredo Inchima | 17 años | 28/04/2021 | Cali |
| 2 | Michel David Reyes Pérez | 28/04/2021 | Bogotá | |
| 3 | Cristian Alexis Moncayo Machado | 28/04/2021 | Cali | |
| 4 | Yarli Parra Banguera | 28/04/2021 | Cali | |
| 5 | Pol Stiven Sevillano Perea | 19 años | 28/04/2021 | Cali |
| 6 | Jeisson García | 13 años | 28/04/2021 | |
| 7 | Miguel Angel Pinto Mona | 28 años | 29/04/2021 | Cali |
| 8 | Dadimir Daza Correa | 29/04/2021 | Yumbo | |
| 9 | Daniel Felipe Azcarate Falla | 29/04/2021 | Cali | |
| 10 | Edwin Villa Escobar | 39 años | 30/04/2021 | Cali |
| 11 | Heinar Alexander Lasso Chará | 30/04/2021 | Cali | |
| 12 | Kevin Yair González Ramos | 30/04/2021 | Cali | |
| 13 | Evelio de Jesús Florez | 86 años | 30/04/2021 | Pereira |
| 14 | Jovita Osorio | 73 años | 30/04/2021 | Cali |
| 15 | Brayan Fernando Niño Araque | 24 años | 01/05/2021 | Madrid |
| 16 | Jeferson Alexis Marín Morales | 33 años | 01/05/2021 | Medellín |
| 17 | Yinson Andrés Angulo Rodríguez | 24 años | 01/05/2021 | Cali |
| 18 | Yofri Esteban Cardona Popayán | 20 años | 02/05/2021 | Cali |
| 19 | Santiago Andrés Murillo Meneses | 19 años | 02/05/2021 | Ibagué |
| 20 | Joan Nicolás García Guerrero | 27 años | 02/05/2021 | Cali |
| 21 | Harold Antonio Rodríguez Mellizo | 03/05/2021 | Cali | |
| 22 | Cristian Arturo Hinojosa Murillo | 26 años | 03/05/2021 | Cali |
| 23 | José EmilsonAmbuila | 03/05/2021 | Cali | |
| 24 | Wenceslao Solis Sánchez | 04/05/2021 | Yumbo | |
| 25 | Kevyn Anthony Agudelo Jiménez | 22 años | 04/05/2021 | Cali |
| 26 | José Yesit Acevedo Santamaría | 59 años | 04/05/2021 | Cali |
| 27 | Brahian Gabriel Rojas Lopez | 26 años | 04/05/2021 | La Virginia |
| 28 | Pedro Benito Suarez Ariza | 62 años | 05/05/2021 | Caicedonia |
| 29 | Jairo Alberto Cuartas Herran | 41 años | 05/05/2021 | Caicedonia |
| 30 | Javier Humberto Ordóñez Bermúdez | 43 años | 9/9/2020 | Bogotá |
| 31 | Cristian Camilo Hernández Yara | 26 años | 9/9/2020 | Bogotá |
| 32 | Jaider Alexander Fonseca Castillo | 17 años | 9/9/2020 | Bogotá |
| 33 | Germán Smyth Puentes Valero | 25 años | 9/9/2020 | Bogotá |
| 34 | Angie Paola Baquero Roja | 29 años | 9/9/2020 | Bogotá |
| 35 | Julieth Ramírez Meza | 18 años | 9/9/2020 | Bogotá |
| 36 | Anthony Gabriel Estrada Espinoza | 28 años | 9/9/2020 | Soacha |
| 37 | Fredy Alexander Mahecha Vásquez | 20 años | 9/9/2020 | Bogotá |
| 38 | Christian Andrés Hurtado Menecés | 27 años | 9/9/2020 | Soacha |
| 39 | Andrés Felipe Rodríguez Ávila | 23 años | 10/9/2020 | Bogotá |
| 40 | LorwanStiwen Mendoza Aya | 30 años | 10/9/2020 | Bogotá |
| 41 | Marcela Zúñiga | 36 años | 9/9/2020 | Bogotá |
| 42 | Julián Mauricio González Fory | 27 años | 9/9/2020 | Bogotá |
Además de atentar directa y cobardemente contra la vida de las personas, los criminales de la reacción han usado como arma la violación a las jóvenes mujeres del pueblo. Según la ONG Temblores, en 15 días de paro nacional ha habido 16 víctimas de violencia sexual[14]. Uno de los casos recientes es el de la joven de 17 años Alison Meléndez, hija de un policía retirado. Alison fue detenida el 12 de mayo por la policía en Popayán y llevada a una URI (Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalia), donde fue violada y agredida físicamente por policías, luego de lo cual se suicidó.
Al día siguiente de publicarse esta información a través de redes sociales, las movilizaciones en todo el país rechazaron este cobarde crimen contra una joven del pueblo. En Popayán los jóvenes llegaron hasta la URI donde ocurrieron los hechos y lo quemaron. Estas imágenes, celebradas por el pueblo, condenadas por la reacción le dieron la vuelta al país.
Hechos similares de combatividad se han replicado en muchas partes del país, donde se han tumbado estatuas reaccionarias, se ha destruido infraestructura bancaria, oficinas estatales, entre otros símbolos físicos de poder de clase. El balance del ministerio de defensa es ilustrativo en este sentido: para el 11 de mayo se contabilizaban “1.052 vehículos de transporte público vandalizados, 156 estaciones de transporte vandalizadas…,29 peajes afectados…, 421 oficinas bancarias vandalizadas, 407 cajeros automáticos afectados, 305 acciones de vandalismo y saqueo a establecimientos comerciales, 2 entidades religiosas vandalizadas, 1 hotel incinerado[15] (sic)”[16].
En una de las jornadas más masivas y combativas, el 5 de mayo, las masas estuvieron a punto de invadir el capitolio nacional en Bogotá, como se ve en este video en el cual el congreso desarrollaba una plenaria. Las instalaciones del recinto fueron evacuadas preventivamente y los congresistas buscaron un lugar donde esconderse[17].
En otras zonas de esta gran ciudad, como la estación de Transmilenio llamada Portal de las Américas, los jóvenes de la Primera Línea mostraron su disposición a resistir al embate del ESMAD, enviado por la alcaldesa para proteger el “orden”. Este punto se ha convertido en uno de los centros de la resistencia popular en la ciudad.
En Medellín, en medio de las marchas se hicieron pintas en apoyo a la lucha de la Liga de Campesinos Pobres en Brasil, que como informó la prensa popular brasilera, recientemente ha sufrido intentos de desalojo por parte del Estado y que han sido exitosamente repelidos por las masas.
En la marcha convocada a nivel nacional el 12 de mayo, uno de los hechos que más llamó la atención en el país fue la represión a la protesta en la ciudad de Barranquilla. Las masas (incluyendo los barristas) se dirigieron hasta el estadio Romelio Martínez para exigir que se cancelara el partido entre el Junior y el RiverPlate.
Sin embargo, la CONMEBOL y Jaime Pumarejo, el alcalde de la ciudad, decidieron continuar con el juego, y enviaron un mensaje en el que reafirmaban que el partido no se cancelaría y que “la vida no depende de la voluntad de los manifestantes” y para ello buscaron contener y reprimir el rechazo de toda la gente que se manifestaba a las afueras del estadio. “El partido se va a jugar según la administración de Pumarejo…escuchen esto”, “¡ey, no le interesamos al gobierno!”, “¡no, no se va a jugar el partido!”, gritaban diferentes voces cuando se dieron cuenta de esto gesto de desprecio de parte del gobierno local.
Mientras gritaban “resistencia, resistencia”, las masas rompieron el cerco policial que protegía al estadio y luego se desató un combate entre las fuerzas de la reacción y los jóvenes. El sonido de las bombas aturdidoras que usa el ESMAD se escuchaba adentro del estadio mientras los jugadores se alistaban para el partido. Para tapar esto el alcalde pidió que se pusiera reggaetón a todo volumen dentro del estadio, pero esta absurda “táctica” no dio resultado, no solo porque las detonaciones seguían escuchándose, sino porque los mismos jugadores y equipos técnicos comenzaron a verse afectados por los gases lacrimógenos. El fracaso total de la Conmebol y del Estado colombiano fueron dobles: porque los intentos, llevados hasta el absurdo, de tapar la realidad fracasaron; y porque el partido, finalmente, sí se suspendió. Además, este acontecimiento generó repudio popular a nivel nacional e internacional, etiquetándolo como una vergüenza.
Al siguiente día los jóvenes emprendieron de nuevo movilizaciones alrededor del estadio, con represión de parte de las fuerzas policiales y respuesta a esto por las masas.
Además, un aspecto importante de la lucha, especialmente de los jóvenes, ha sido la apropiación de espacios de las ciudades. Esto no solo se ha demostrado con las tumbadas de estatuas lideradas por indígenas, sino también en la intervención de zonas importantes con murales políticos y en el renombramiento de espacios. En el caso de Medellín, el Parque de los Deseos, lugar tradicional de convocatoria para concentraciones de movilizaciones, fue transformado en Parque de la Resistencia.
En Bogotá, la avenida Jimenez (nombrada en honor al conquistador Gonzalo Jimenez de Quesada, a quien las élites criollas consideran fundador de la ciudad) fue rebautizada por los indígenas como Avenida Misak. Además, en Cali, el Parque Loma de La Cruz, fue transformado en Loma de la Dignidad o de la Resistencia, y el Puente de los Mil Días, pasó a llamarse el Puente de las Mil Luchas.
[8]https://caracol.com.co/programa/2021/05/06/6am_hoy_por_hoy/1620302855_517529.html
[9]https://www.kienyke.com/politica/uribe-no-apoya-declaracion-de-estado-de-conmocion-interior
[10]https://www.kienyke.com/regiones/llamado-alcalde-de-pereira-previo-atentado-lucas-villa
[11]https://ifmnoticias.com/especial-que-es-la-revolucion-molecular-disipada-y-como-se-refleja-en-colombia/
[12]https://twitter.com/TembloresOng/status/1392955959178375179/photo/2
[13]http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/
[14]https://twitter.com/TembloresOng/status/1392955959178375179/photo/2
[15] Este hotel era el hotel donde se quedaban miembros del ESMAD enviados desde Bogotá hacia Cali.
[16] Información publicada en la cuenta de twitter del ministro de defensa @Diego_Molano
[17]https://www.rcnradio.com/politica/video-vandalos-intentan-ingresar-al-congreso-plenaria-fue-suspendida
El Paro no para. Tercera semana de rebelión popular en las calles. Parte III
Cali, concentración de contradicciones
La ciudad donde más violencia estatal y asesinatos a jóvenes ha habido es Cali, que fue militarizada por órdenes del presidente y bajo el comando del general del ejército Eduardo Zapateiro, un genocida con un largo prontuario criminal, que participó incluso en un comando de guerra en Israel en 1982. Hasta el momento, en esta ciudad, al menos 15 personas caídas por las balas del Estado y otras tantas producto de ataques cometidos por civiles armados provenientes de las clases altas de la ciudad.
Cali es una de las principales ciudades de Colombia. La ciudad está poblada por muchas familias de campesinos que fueron desarraigados y expulsados de forma violenta, mestizos, negros e indígenas, principalmente de otras zonas de la región del suroccidente colombiano, región que es un espacio estratégico económicamente tanto por la gran producción de coca y como porque allí las mercancías entran desde y salen hacia el océano pacífico. En esta gran parte del país, el territorio de las zonas planas está apropiado por, y al servicio de, la agroindustria de la caña, donde los trabajadores negros de los ingenios azucareros son sobreexplotados y en las zonas de ladera, por una economía cafetera y cocalera en la que priman unas relaciones sociales semifeudales, donde los campesinos viven en condición de siervos subyugados por mafiosos y terratenientes[18].
La mayoría del espacio urbano propiamente caleño está poblado por una gran masa popular en condiciones precarias de vida material: según el DANE, del millón y medio de personas que habitan la ciudad, 934.000 personas (o sea, casi la mitad de la ciudad) viven con menos de COP $360.000 al mes.
Las cifras de Cali al respecto de los estragos de la crisis económica, puestas de relieve frente a las cifras nacionales, dan cuenta del mayor peso que tuvo en esta ciudad la agudización de la miseria. Durante el 2020, la pobreza del país aumentó un 20% durante el 2020, 3,5 millones de personas empobrecieron (cuentan con menos de COP $ 331.688 al mes) haciendo que el total de la población extremamente pobre del país sea del 42,5%. Entre tanto, en Cali, 221.522 personas cayeron en estas condiciones de absoluta precariedad, o sea que la pobreza en la ciudad aumentó en un 67%, triplicando a la media nacional[19]. Una joven caleña lo sintetiza claramente al decir que básicamente “de cada 10 nuevos pobres en el país, 1 es caleño”[20].
Claramente la agudización de la violencia en Cali no tiene que ver solo con razones económicas, porque hay otras zonas del país aún más pobres, como el Chocó, que no están atravesando en este momento una situación particularmente crítica ligada al Paro Nacional. Pero estos indicadores económicos son dicientes respecto a las condiciones sociales sobre las que se está desarrollando los actuales acontecimientos en la ciudad, que han desnudado una latente lucha de clases.
Los lugares que concentran a la masa popular caleña están en barrios y sectores como Siloé, El Comercio, La Portada, Terrón, La Luna, El Lido, Puerto Resistencia y lugares como el parque artesanal Loma de la Cruz, recientemente bautizado por los manifestantes como Loma de la Resistencia. Es justamente en estos espacios donde han ocurrido varios de los acontecimientos más violentos de este estallido social y donde también -y esto no es menor- se han constituido como puntos de resistencia, donde las barriadas hacen ollas comunitarias y asambleas populares.
En Siloé, una comuna al oriente de la ciudad con población fundamentalmente obrera, el pasado 3 de mayo tuvo lugar una masacre perpetrada por la policía y el ESMAD, en la que murieron 7 jóvenes. El hecho se presentó mientras la comunidad realizaba una velatón en memoria de Nicolás Guerrero, de 21 años, que había sido asesinado la noche anterior por el ESMAD, con un disparo en la cabeza, como se ve en este video. Durante la velatón, ya en las horas de la noche, la comunidad hizo un plantón pacífico, el cual fue reprimido con balas y gases lacrimógenos, los jóvenes opusieron resistencia al embate policial, pero 3 de ellos cayeron en medio de esta desproporcional (y valiente, por parte de los jóvenes) batalla.
“Acá hay pandillas, Bacrim (bandas y grupos emergentes), gente en reinserción y ellos llegan disparando. ¿Cómo cree que se va a sentir la gente de la montaña? Están indignados. De por si este Gobierno lleva años oprimiéndolos y aquí lo que hubo fue una masacre sistemática por parte del Estado. La comunidad tiene miedo y está encerrada en sus casas” asegura uno de los testigos del hecho, el abogado y líder social Harby Mina.
La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, justificó la masacre afirmando que “cuando se nos infiltran vándalos en esas protestas pacíficas y cuando hay momentos como los que vivimos ayer en el hotel donde estaba hospedada la Policía, pues la Policía tiene que actuar. Tiene que entrar a defender no solo los bienes públicos, sino los privados, porque ha habido vandalismo en almacenes, joyerías, sitios en los que la gente víctima de estos vandalismos llaman a su fuerza pública para que los defienda”.
Por su parte, organizaciones de DDHH sostuvieron que “estamos responsabilizando al alcalde, a la señora gobernadora, al presidente Iván Duque de todo lo que está sucediendo en la ciudad de Cali y en el país, el tratamiento de guerra frente a unas ciudadanías que han expresado su inconformismo frente a las políticas de Estado, a la miseria, al abandono estatal”[21].
No solo la policía, sino que civiles armados reaccionarios también se han encargado de ejecutar la represión. El origen social e institucional de estos civiles se ha ido esclareciendo a través de estas denuncias hechas en las páginas oficiales de varias organizaciones sociales y populares.
El 4 de mayo, en una marcha contra el paro protagonizada de los ricos de la ciudad en el barrio Ciudad Jardín, un señor iracundo amenazó a un joven que le había increpado con que en ese sector de la ciudad tenían 25.000 armas para defenderse. Este hecho quedó registrado en video y fue colgado a las redes sociales. Rápidamente, se supo la identidad del señor: era Carlos Andrés Betancourt, miembro del partido de gobierno Centro Democrático y empresario[22]. Su actitud es representativa de la forma en la que las clases dominantes de la ciudad, articuladas al poder político, han enfrentado la movilización popular, atizando conscientemente la confrontación entre clases.
Desde el primero de mayo, la minga indígena se dirigió hacia Cali a solidarizarse con la lucha popular de esta ciudad y a fortalecer la organización de la gente en términos de resistencia contra la violencia estatal. La minga se convirtió desde su llegada en uno de los blancos de la represión policial y de los ataques de las iracundas élites criollas y racistas de la ciudad. Al saber de la brutal represión que vivía el pueblo caleño desde el 28 de abril, un joven indígena declaró, mientras iba hacia la ciudad, “venimos al paro porque las fuerzas armadas están matando a los manifestantes, pero tendrán que matarnos a todos”[23]
Las acciones de la minga han sido efectivas en la neutralización de los elementos que cobardemente atacan a las manifestaciones. El 7 de mayo desde una camioneta Toyota color blanco se disparó una ráfaga sobre un grupo de protestantes que hacía un plantón en el sector La Luna. Este ataque dejó a tres manifestantes heridos. Los indígenas persiguieron a los criminales y lograron retener a uno de ellos, a quien llevaron hasta la Universidad del Valle para analizarlo[24].
El 9 de mayo hubo grupos de civiles armados atacaron a los miembros de la minga indígena. Estos grupos operaron rodeando desde camionetas blindadas las zonas de resistencia o lugares que las comunidades han bloqueado y que afectan a los sectores ricos de la ciudad. Dispararon en varias ocasiones a manifestantes y llegaron incluso a herir a miembros de la misión médica. Los indígenas denuncian que estos hombres actúan coordinadamente con la policía, y han aprehendido a varias personas a las que acusan de infiltrados y que han confesado ante ellos que son miembros de la policía[25].
La organización popular caleña ha ido fortaleciéndose por medio de las reuniones, y la solidaridad que ha construido el pueblo en medio de la resistencia a la represión estatal. Las jornadas de lucha social de noviembre del 2019 sirvieron a gestar e impulsar algunos espacios políticos, que se han desarrollado aún más en medio de la actual coyuntura.
Los jóvenes conformaron la Unión de Resistencias Cali, que articula los 8 puntos de resistencia permanentes, y los 18 intermitentes, ubicados en la ciudad, y donde están representados fundamentalmente estudiantes y jóvenes de la Primera Línea que ha estado oponiéndose a la opresión policial. Desde esta plataforma, los manifestantes han establecido su pliego de peticiones, que exigen en primera instancia unas garantías para la no-judicialización de los luchadores que han estado activos en esta gran movilización social y reparación a los caídos por la represión[26].
[18]https://rebelion.org/cali-capital-de-la-resistencia-y-la-sucursal-del-infierno-del-general-zapateiro/
[19]https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/que-pasa-en-cali-2-paro-nacional-2021-551776
[20]https://www.youtube.com/watch?v=jFjv3K4TyLY
[21]https://www.elespectador.com/judicial/lo-que-paso-anoche-en-siloe-cali-fue-una-matanza-lider-social-article/
[22]https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/05/hombre-que-amenazo-con-25-mil-armas-en-ciudad-jardin-es-edil-del-centro-democratico-y-presidente-de-una-jal-en-cali/
[23]https://www.cric-colombia.org/portal/cronica-del-paro-nacional-hasta-que-se-apague-el-sol/
[24]https://caracol.com.co/emisora/2021/05/08/cali/1620506851_736647.html
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